Xalapa, Ver.— Veracruz tiene talento, profesionales con experiencia y cuadros capaces de asumir las responsabilidades más importantes de la administración pública. Por eso, una pregunta resulta inevitable: ¿qué significa realmente la inclusión para el gobierno de Rocío Nahle García?
La gobernadora nació en Zacatecas y construyó su carrera política en territorio veracruzano. Sin embargo, entre los perfiles que ha incorporado a su administración aparecen funcionarios procedentes de otras entidades, mientras que la presencia de familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha abierto otro frente de cuestionamientos.
Uno de los casos más visibles es el de Miguel Santiago Reyes Hernández, titular de Finanzas y Planeación, de origen poblano, con formación académica en la BUAP y la UDLAP y trayectoria en empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad durante el gobierno de López Obrador.
Nahle ha defendido su incorporación por su capacidad profesional. Y es válido que un gobierno busque especialistas donde los encuentre. Pero también es legítimo preguntar cuáles son los criterios para elegirlos y qué oportunidades reciben los profesionales veracruzanos para ocupar las posiciones estratégicas del estado.
El debate no termina ahí.
Tres hijos de Arturo López Obrador, hermano del expresidente, aparecen en la estructura del gobierno estatal: Erandi Isabel López Herrería, rectora de El Colegio de Veracruz; Tarheni Andrea López Herrería, funcionaria de los Servicios de Salud; y Pedro Arturo López Herrería, asesor en la Secretaría de Gobierno. A ellos se suma Leonel Efrén Rivera Pinete, esposo de Erandi y funcionario del sector Salud.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, ha defendido la permanencia de estos trabajadores y sostiene que deben evaluarse por su desempeño, no por el parentesco.
El argumento merece ser considerado. Ninguna persona debería ser señalada como responsable de actos ajenos únicamente por su familia. Pero tampoco basta con invocar la capacidad profesional para cerrar la discusión: la ciudadanía tiene derecho a conocer los perfiles, los procedimientos de contratación, los requisitos de cada puesto, las remuneraciones y los resultados obtenidos.
La polémica se vuelve todavía más relevante cuando se habla de austeridad, transparencia y transformación. Los cargos públicos no son premios políticos ni espacios reservados para los cercanos al poder: implican responsabilidades y deben estar sujetos al escrutinio ciudadano.
La pregunta de fondo no es si una persona nació en Veracruz o en otro estado, sino si el gobierno está aprovechando el talento disponible, justificando sus nombramientos y garantizando condiciones de igualdad para acceder al servicio público.
Si Veracruz es incluyente, que se demuestre con reglas claras, oportunidades abiertas y resultados. Y si existen funcionarios foráneos o familiares de figuras políticas en puestos estratégicos, que se publiquen los criterios con los que fueron seleccionados.
Porque la inclusión no puede ser solamente un discurso, ni la cercanía con el poder un sustituto de la transparencia.
PMNoticias | El silencio no es opción.